Olimpia Yudica – Valeria Vaira

Días atrás, Edgar Rinaudo, responsable de la Unidad de Violencia Familiar en nuestra localidad, se daba cuenta del alarmante aumento de denuncias  en Berrotarán. El profesional dio un detallado panorama sobre esta problemática y los métodos de trabajo, en los que  el pilar fundamental es la tarea coordinada entre el  Juzgado de Paz y la policía. 

En el período comprendido entre enero de 2012 y enero de 2013, la dependencia policial de Berrotarán ha registrado un aumento en el número de denuncias por violencia familiar :“Con respecto a enero y febrero del año pasado, han aumentado aproximadamente en un 10 %. En los últimos doce o trece meses hemos tenido 66 denuncias” explicó Herrera.

Desde el punto de vista legal, según lo establecido en la Ley Provincial 9283, sancionada en el año 2006, la violencia familiar es toda acción, omisión, abuso dirigido a dominar, someter, controlar, agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual, o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque esta actitud no constituya delito.

De acuerdo a esta definición las denuncias recibidas en la comisaria corresponden en 80 % a violencia  psíquica, moral y económica. El 20 % restante corresponde a violencia del tipo física. Casi en su totalidad, las denuncias corresponden a victimas femeninas: “Por el momento no hemos tenido denuncias por maltrato a niños ni tampoco para con hombres, ambos estipulados en la Ley de Violencia Familiar. En este sentido la ley es igual para todos”.  Siguiendo con datos estadísticos para Berrotarán, el porcentaje mayor de denuncias se da en parejas que conviven sin haber contraído matrimonio”.

Debido a la complejidad de la problemática, muchas veces los hechos no transcienden, sino que quedan relegados exclusivamente al ámbito familiar. En los casos en los que la victima está determinada a denunciar, puede recurrir a diferentes instituciones, una de ellas es la comisaría. “Cuando el denunciante llega a la dependencia nosotros recibimos a la persona, escuchamos el problema, tratamos de determinar qué tipo de violencia existe en ese caso y si está contemplada dentro de la ley a la que hacía referencia. Se recepta la denuncia policial, en un formato especial, en el cual nosotros solicitamos alguna información de acuerdo a lo que exige la ley, y con la que tratamos de ir dilucidando cuál es la problemática, de qué se trata, todas las circunstancias que rodean a la persona en ese momento. Inmediatamente después damos a conocer esa denuncia ante el juzgado de violencia familia de la ciudad de Río Cuarto y a partir de ahí se inicia todo el mecanismo, donde también toman participación los gabinetes psicológicos que tienen gran importancia a la hora de determinar de qué tipo de violencia se trata y cuál es la gravedad del hecho denunciado”.

El comisario Herrera resaltó que la denuncia puede ser formulada no sólo por la victima, sino también por cualquier otra. La ley contempla inclusive el anonimato a la hora de denunciar, ya sea para el damnificado o un tercero.

Dado que la ley establece la importancia de no revictimizar a la persona que denuncia, existen una serie de medidas que desde la justicia bajan a la policía y a las diferentes entidades que se dedican a receptar este tipo de denuncias, para evitar eso.

“La ventaja que tenemos en la localidad es que todos se conocen. Muchas veces las problemáticas que llegan  a nuestra dependencia ya han tenido exposiciones previas, ha trascendido posiblemente la problemática familiar a la cual se está haciendo referencia. Entonces tenemos quizá un pequeño conocimiento del problema y la situación en general.

Más allá de lo que la ley establece, nosotros tratamos de abordar el problema, tratar de conocer a las personas involucradas y tratar de hacer uso de esa ley y de todas las herramientas que tenemos desde la comisaria para tratar primero de solucionar el problema y de evitar que esa persona continúe en situación de riesgo”.

El hecho de radicar una denuncia de este tipo, y más teniendo en cuenta lo reducido de nuestra comunidad,  supone una mayor vulnerabilidad para la víctima y hasta puede llegar a temerse por la seguridad de esta. En el caso particular de nuestra localidad, Herrera aseguró que en los últimos doce meses no se ha reportado ningún caso en el que el denunciante haya sufrido represalias o en que la situación se agravara.

Para Herrera, la mejor forma en que la sociedad puede ocuparse de esta problemáticas es  interesándose en los vecinos, comprometiéndose con la necesidad del prójimo.